Por Marcela Olivera y Stefano Archidiacono
Veinte años después de la Guerra del Agua en Cochabamba (Bolivia), reflexionamos sobre la “autogestión” del agua como dimensión práctica y cultural de los bienes comunes. Una nueva pieza para la serie “Reimaginar, recordar y reclamar el agua: Del extractivismo al procomún”.
Aunque Bolivia nació como un estado centralista y unitario, siempre ha existido una tradición de autonomía en la gestión del agua (así como en la gestión de otros bienes comunes) llamada en español autogestión. La autogestión es una práctica cotidiana de muchas personas al margen del Estado (separadas de las instituciones públicas reguladas por el Estado), arraigada en muchos territorios bolivianos y en toda América Latina. Estas prácticas han perdurado desde tiempos inmemoriales a pesar de sus limitaciones y desafíos, como desarrollaremos en este artículo. En este artículo queremos explorar, a través de tres historias, algunas de las prácticas y acontecimientos que definen la singularidad y relevancia de este concepto como forma de organizarse en torno al agua.
Vivimos en Cochabamba, una ciudad del centro de Bolivia, conocida por la famosa Guerra del Agua que tuvo lugar en 2000. Más allá de la remunicipalización de la empresa local de agua, SEMAPA, y de la anulación del contrato de privatización, la Guerra del Agua de Cochabamba desencadenó y sigue desencadenando múltiples y a veces contradictorias reflexiones e interpretaciones. Los significados, los impactos y la importancia que surgieron de la Guerra del Agua son multifacéticos y cambiantes en el tiempo. Si se habla con un manifestante de un barrio popular de Cochabamba, con un académico de una universidad del norte o con un analista del Banco Mundial, se pueden obtener perspectivas muy diferentes sobre lo que ocurrió y por qué.
Defender las prácticas tradicionales y consuetudinarias en torno al agua
El movimiento internacional del agua, aquellas personas y organizaciones que se oponen a las políticas neoliberales de gestión y gobernanza del agua (de las que nos consideramos orgullosamente parte), enmarcaron la Guerra del Agua como una protesta contra la privatización del agua y por la defensa del agua como derecho humano fundamental. Pero, ¿fue realmente así? ¿Fueron estas las razones por las que la gente se movilizó? Reflexionando con algunos de los líderes y participantes veintiún años después de la revuelta, nos dimos cuenta de que el reconocimiento del agua como un derecho humano e incluso la oposición a la propiedad privada del agua y los servicios relacionados no eran las reivindicaciones de la gente, ni las razones que les llevaron a tomar las calles y a luchar contra los militares. Oscar Olivera, uno de los líderes de la movilización, durante un acto por el 21º aniversario de la lucha, recuerda que “en el año 2000, no sólo luchamos contra la privatización del agua. La privatización también significa quitarnos la historia y la memoria del corazón. La historia de nuestro pueblo es de resistencia y acción“. En esta declaración y en la historia de la autogestión, creemos que reside un aspecto importante de la Guerra del Agua. De hecho, muchos manifestantes se opusieron ante todo a la expropiación de su capacidad y legitimidad para gestionar el agua según sus prácticas tradicionales y consuetudinarias. Cientos de organizaciones comunitarias del agua se unieron a la protesta incluso desde zonas que no se veían afectadas por el contrato de privatización. Probablemente los expertos internacionales que diseñaron el plan de privatización descalificaron estas formas y prácticas de gestión del agua como ineficaces e informales. Pero la reacción superó su imaginación. La gente luchó para defender sus valores y prácticas en torno a la gestión del agua y su capacidad y legitimidad para decidir cómo, cuándo y dónde debe fluir el agua. De nuevo, Oscar Olivera afirma: “La defensa del agua y del territorio pasa por la defensa de la dignidad de las personas, de nuestras formas organizativas, de nuestras cosmovisiones y del respeto a nuestra forma de vivir y entender la vida y el universo“.
Pero Cochabamba no es el único lugar donde se practica la autogestión del agua al margen del Estado. En muchos territorios de América Latina (y del Sur Global), la gente se relaciona con el agua de una manera muy directa y no mediada encarnando diferentes formas y prácticas de autogestión íntimamente relacionadas con su historia, cultura, tradición y circunstancias socio-naturales. Aquí presentamos tres historias relacionadas con el concepto vivido de autogestión del agua para entender mejor lo que significa en la práctica.
Autogestión como miles de organizaciones comunitarias
La primera historia está relacionada con el acceso de las personas al agua y a los servicios conexos en muchos territorios rurales y suburbanos de América Latina. Un caleidoscopio de miles de organizaciones comunitarias de muy diferentes tipos, formas y dimensiones garantizan el acceso material al agua a
millones de mujeres y hombres en la región. Según datos recogidos por la Plataforma de Acuerdos Público-Comunitarios de las Américas (PAPC), 50.000 organizaciones proporcionan agua a más de 30 millones de personas. La Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS) estima que 145.000 organizaciones comunitarias prestan servicios de agua y saneamiento a unos 70 millones de personas. El número real es posiblemente mucho mayor, pero no hay una cifra oficial y definitiva porque la gran mayoría de estas organizaciones son informales y no aparecen en los registros oficiales. Son invisibles y, sin embargo, garantizan el acceso al agua y a la vida a un enorme número de comunidades. A menudo se menciona que estas organizaciones comunitarias surgieron y siguen existiendo debido a la incapacidad del Estado para proporcionar acceso al agua y a los servicios relacionados. Pero, como afirma la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, estos espacios de autogestión del agua existen por la presencia de comunidades organizadas con sus capacidades e historias para administrar la eco-convivencia social, los recursos naturales y la vida dentro de un territorio geográfico, cultural y político. Esto nos lleva a nuestra segunda historia.
Campaña de carteles de la PAPC sobre los sistemas de agua autónomos en América Latina: https://www.plataformaapc.org/
El derecho a la autogestión comunitaria
Esta historia cuenta cómo las comunidades organizadas están desarrollando y proponiendo marcos legales que reconozcan y protejan sus prácticas y valores. En 2016, en Colombia, las comunidades organizadas que conforman la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, iniciaron un proceso para compartir y discutir la propuesta de Ley Propia. La propuesta de legislación habla de 3 dimensiones del Derecho al Agua: el derecho individual al agua; el derecho colectivo al agua; y el derecho a la autogestión del agua. Este último punto se basa en la observación general nº 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que afirma que los pueblos deben tener derecho a procurarse y relacionarse con el agua según sus costumbres y tradiciones. La Ley Propia hace una diferenciación entre los sistemas de agua comunitarios autónomos, las empresas públicas y las privadas, rompiendo con el viejo binario que identifica sólo dos formas -pública o privada- de gestionar el agua.
También reconoce la solidaridad como un valor jurídico central. Las comunidades organizadas de Colombia también destacan la importancia del proceso de elaboración de la Ley Propia. Javier Márquez, un organizador y ambientalista colombiano que acompañó este proceso en Colombia, explica muy bien cómo el desarrollo de esta Ley Propia es, en la práctica, un proceso de autogestión:
“Nuestra Ley Propia es una iniciativa legislativa construida por la Red Nacional de Acueductos Comunitarios. Sus redes locales y procesos regionales, durante encuentros, asambleas y talleres, compartieron su sentir y su deseo de ser reconocidos y valorados en su ancestral trabajo histórico de gestión y defensa del agua en sus territorios. Es una construcción colectiva en la que empezamos a identificar el no reconocimiento de nuestras prácticas en la Ley 142 de 1994 de servicios públicos. A partir de ahí, decidimos que necesitábamos una ley propia, que recogiera nuestras maneras de hacer, nuestro compromiso político con el agua como bien común y derecho humano, y nuestras propuestas sobre cómo relacionarnos con las instituciones públicas“.
La autogestión como construcción social de las tecnologías del agua
La tercera historia ilustra la construcción social de tecnologías del agua que conectan con la autogestión. Nos referimos al programa brasileño descentralizado de cosecha de agua de lluvia titulado “Un millón de cisternas”, desarrollado por una red de organizaciones de la sociedad civil llamada Articulación del Semiárido (ASA), y que se ha propagado a otros países para mejorar la seguridad hídrica en las regiones semiáridas de América Latina. La tecnología consiste en recolectar el agua de lluvia de los tejados en tanques de placas de cemento y tiene dos características principales. En primer lugar, está diseñada para ahorrar materiales de construcción y tiempo para su edificación y, en segundo lugar, involucra activamente a los receptores de la infraestructura. Se denomina “tecnología social” porque, aunque incorpora elementos técnicos y de ingeniería innovadores en su diseño, se apoya en gran medida en sus dimensiones sociales y organizativas. Se puede afirmar que estos depósitos de recogida de agua de lluvia están “llenos” de política: los valores relacionados con la autogestión del agua están incrustados en la infraestructura. Según sus promotores, estos depósitos pretenden fomentar la organización comunitaria y reforzar el tejido social; es decir, fortalecer la capacidad de las comunidades locales para trabajar juntas en la resolución de sus problemas. Según Valquiria Lima, coordinadora nacional de ASA, la pieza central de esta tecnología es el compromiso y la participación de la comunidad: “la diferencia es que las familias coproducen, a través de su participación, la tecnología de los depósitos de recogida de agua de lluvia; aprenden a gestionarla, y los resultados finales son fruto de su trabajo y esfuerzo“. Estas piezas de infraestructura hídrica demostraron tener el potencial de abrir un espacio donde las prácticas organizativas comunales pueden ser reconocidas e incorporadas. Son lugares donde la gente puede reunirse, discutir y deliberar creando posibilidades de circuitos alternativos y autónomos de recogida y distribución de agua.
Cisterna de agua construida en el sur de Cochabamba: https://www.fundacionabril.org/
Autogestión entre los límites sociotécnicos y la centralidad de lo sociocultural
Al reconocer la importancia y relevancia de la autogestión del agua en muchos territorios de América Latina, no pretendemos romantizar este modo de gestión y gobernanza del agua. De hecho, estos espacios de autogestión se enfrentan a varios problemas y desafíos que no son sólo externos (como la constante amenaza que proviene de los Estados centralizados, la privatización o el cambio climático), sino también internos. Muchos sistemas comunitarios de agua carecen de los mecanismos de control y de la tecnología de purificación del agua necesaria para garantizar un servicio seguro. Pocos sistemas comunales ofrecen servicios de alcantarillado sanitario, que son los más difíciles y costosos de construir y gestionar. Dentro de las comunidades hay conflictos relacionados con el uso, la asignación y la distribución del agua y la gestión financiera de las tarifas y los fondos. El papel y el trabajo de las mujeres es, en algunos casos, infravalorado y no reconocido, reproduciendo los estereotipos y las desigualdades generales de género.
Por otro lado, lo que queremos señalar es que la autogestión no es una práctica marginal o residual, sino que es una práctica central incrustada en la cultura, la historia y las relaciones socio-naturales de las personas que habitan nuestros barrios, pueblos y campos. Es una práctica que constituye y define las identidades y contribuye a regular la convivencia social, es decir, la capacidad de las personas de vivir juntas (y junto a la naturaleza que las rodea) en un espacio geográfico compartiendo deberes y responsabilidades y tomando decisiones autónomas. Por tanto, desestimar, despojar o expropiar estas prácticas de autogestión equivale a desestimar, despojar o expropiar formas de vivir, de ser y de hacer política.
—
Marcela Olivera es una organizadora de los bienes comunes del agua con sede en Cochabamba, Bolivia. Desde 2004 ayuda a desarrollar y consolidar una red interamericana de justicia del agua llamada REDVIDA. También es miembro de la Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas (PAPC), una organización que promueve el intercambio entre sistemas de agua basado en la solidaridad y la cooperación horizontal. Desde 2019, trabaja en el Proyecto Planeta Azul.
Stefano Archidiacono es un activista, investigador y profesional del desarrollo italiano. Trabaja desde 2007 en Cochabamba (Bolivia) con la ONG CeVI fortaleciendo las iniciativas y prácticas de gestión del agua de base comunitaria y desarrollando tecnologías del agua en zonas rurales y suburbanas. Participa activamente en la Plataforma de Acuerdos público Comunitarios de las Américas (PAPC) y en el Movimiento Europeo del Agua como organizador e investigador.
Foto principal: Mural de Mona Caron sobre la guerra del agua en Cochabamba: https://monacaron.com/
