Por Raquel Neyra
El regreso de la izquierda al gobierno de Perú representa el fin de la era de violencia, corrupción y racismo Fujimorista; a la vez, la tensión entre la redistribución de las riquezas mineras y la defensa de los territorios frente al extractivismo será un desafío clave para el gobierno, y para los movimientos sociales.
En las últimas elecciones, Pedro Castillo, candidato del partido de izquierda Perú Libre, maestro de escuela rural, surgió como vencedor, abanderando a las poblaciones oprimidas y olvidadas por siglos. Castillo logró también reunir el voto de los ciudadanos hastiados de la corrupción y de años de violencia estatal, representadas en las elecciones por la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori (1990-2000).
Inmediatamente, los medios de prensa al servicio de los grupos de poder pegaron el grito al cielo y alertaron a la ciudadanía contra una posible “venezuelización” del país; se desenterró al viejo cuco del terrorismo, de las amenazas comunistas y de la desestabilización del país. Miedos ante los cuales sucumbió la mitad de la población.
Las expresiones de racismo como “el maestro no sabe hablar ni calcular”, ni tampoco los cholos e indios, fueron proferidas sin ninguna vergüenza y con total bajeza. La fractura que vive hoy el país no es nueva, y tiene su origen en la historia colonial de la invasión del territorio, de la extracción de las materias primas y en la construcción del racismo que sostiene a esta extracción. Los blancos criollos continuaron las políticas coloniales, a veces de manera tan salvaje como los invasores españoles.
“Perú país minero”, han repetido los diferentes gobiernos como un dogma para justificar el extractivismo, haciendo alusión a la extracción minera de las épocas preincaicas e incaica. A partir de los años 1970, los diferentes gobiernos vieron en la minería la fuente de ingresos que empujaría el crecimiento del PBI y sacaría al país de la pobreza. Hoy, los minerales representan el 60% de las exportaciones y su volumen de extracción se ha cuadruplicado en tan solo 40 años.
La guerra interna de los años 80 frenó la extracción y empujó a la migración de miles de personas hacia la ciudad de Lima, la capital del país. Esta población marginada y nunca integrada por el gobierno, relegada a ser el bolsón de empleos baratos e informales del sector pujante de la capital, constituyó en estas elecciones una base fuerte del voto para Castillo.
Cartel de protesta contra Alberto Fujimori, Noviembre de 2018. Fuente: Wikimedia Commons.
Neoliberalismo y extractivismo
En 1990, fue elegido Alberto Fujimori, quien causó grandes expectativas, por su apariencia distinta a la de los presidentes anteriores, y por sus promesas de pacificar el país. Con el ciclo de privatizaciones de su gobierno de las empresas estatales mineras “no rentables”, se recurrió a un despido masivo de sus trabajadores, lo cual debilitó a los sindicatos. Es importante notar este punto ya que, posteriormente, los actores principales de las resistencias no fueron los sindicatos, sino las fuerzas reagrupadas alrededor de la población con actividad agrícola, y las organizaciones campesinas e indígenas.
Para contener la elevada protesta social, Fujimori realizó un plan de asistencia social y construcción de infraestructuras que contribuyeron a su aceptación por parte de las masas populares pauperizadas, a la par que se erigió como el salvador del país al haber supuestamente derrotado a la guerrilla Sendero Luminoso y capturado a su líder Abimael Guzmán.
Los partidos de izquierda estaban fuertemente fragmentados (existieron en algún momento más de 20 partidos y matices de izquierda), muchas veces siguiendo las divisiones políticas internacionales. Fujimori introdujo una nueva Constitución y aplicó una serie de medidas legales que transformaron el territorio nacional autorizando la libre prospección del territorio, las concesiones sobre los recursos naturales (de 0-6% concesiones en 1992 a 72-100% en 2011 según el informe de Oxfam de marzo 2014) y debilitó la tenencia de la tierra de las comunidades; en 2016 el instituto del Bien Común calculó que casi el 50% de las tierras comunales campesinas se encuentra concesionado a empresas extractivas.
Es el cambio de esta Constitución que la población reclamó durante las protestas de noviembre de 2020. Los contratos de estabilidad tributaria que introdujo Fujimori en el sector minero, garantizando que no habría variación en las condiciones de tributación – muy favorables para empresas transnacionales – durante 10-15 años, son hoy cuestionados por sectores de izquierda. En efecto, según palabras de Pedro Francke, asesor del Banco Mundial y actual vocero de economía de Pedro Castillo, es necesario revisar estos contratos para que las comunidades y poblaciones alrededor de los centros mineros se beneficien con la mayor tributación. El objetivo sería impulsar el “desarrollo” a través de un “diálogo franco” entre comunidades y empresas mineras.
Este discurso distribucionista ha influenciado a algunas poblaciones alrededor de centros mineros, creyendo que el dinero lo resolverá todo. La falta de infraestructuras públicas de salud y educativas viene a reforzar este reclamo. Una ausencia voluntaria del estado cuyo objetivo es dejar actuar a las corporaciones.
Ya en octubre del 2007, el expresidente Alan García (2006-2011) se atrevió públicamente a calificar de “segunda clase” a la población indígena que se opuso a la explotación petrolera en sus tierras, argumentando que representaban una traba al “progreso” del país. De esta manera, justificó la violencia contra esa población durante el ‘Baguazo’ en 2009: miles de indígenas amazónicos habían bloqueado la carretera en el distrito de Bagua protestando por una centena de decretos y leyes lesivos que favorecían la inversión privada en sus territorios. El gobierno envió a las fuerzas armadas y policiales que hundieron la resistencia en un baño de sangre.
Los sucesivos gobiernos aplicaron las mismas políticas extractivistas avalados por leyes ad hoc como los “paquetazos ambientales” del expresidente Ollanta Humala (2011-2016). Estas medidas intentaron “reactivar la economía” por medio de la desregulación ambiental y la criminalización de la protesta. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestaron su preocupación.
Si bien las políticas redistributivas del expresidente Humala redujeron la pobreza monetaria de 57.7% a 22.7%, los conflictos socioambientales continuaron intensificándose, con una media de 180/230 conflictos cada mes, según datos de la Defensoría del Pueblo, que registra conflictos sociales desde el 2004. Estos conflictos socioambientales representan el 60-70% de todos los conflictos del país, y desde el 2004, más de 105 defensores ambientales han sido asesinados. La contaminación se ha convertido en un problema generalizado: un estudio de la Dirección General de Salud del año 2020 indica que el 30% de la población corre el riesgo de exposición a metales pesados, 20% a metaloides como el arsénico y 6% a hidrocarburos; estas son cifras alucinantes.
El ecologismo popular
Paralelamente a esta expansión extractivista ha transcurrido la historia de las luchas de resistencia, luchas espontáneas, localizadas, muestras de un ecologismo popular, como lo indica el alto índice de participación de los pueblos indígenas y campesinos en las luchas de resistencia (en 98% de los casos) a los proyectos extractivos, como en Espinar, Tambogande, o Conga.
Los intentos de institucionalización del expresidente Velasco en los años 70 no ayudaron a la consolidación del movimiento, al contrario le restó autonomía. La destrucción por Sendero Luminoso y el gobierno de Fujimori de todo amago de organización que no les fuera favorable, terminó de estancar una posible articulación a nivel nacional. En 1999 se constituyó la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) en respuesta a la expansión de las actividades mineras, pero no pudo mantener presencia nacional. Es esa desposesión y discriminación que la población subyugada espera poder revertir con Castillo.
La ecología no está presente en la rama partidaria. La presencia del Partido Alternativa Verde es casi nula. El movimiento que despertó fervor político en su época y por algunos años fue el de Tierra y Libertad, nacido en el año 2009 de las luchas de resistencia contra la minería en Cajamarca pero sin embargo, el hegemonismo de uno de sus fundadores ha ido mermando su existencia.
En las elecciones presidenciales de 2016, se conformó el Frente Amplio de izquierdas, que llevó a Verónika Mendoza de candidata. El Frente Amplio logró 20 escaños en el congreso (gracias a que el partido político que llevaba la punta fue descalificado poco antes de las elecciones). Su electorado se sitúa, todavía hoy, sobre todo en el sur. Pero el Frente Amplio se dividió en 2017 por las pugnas internas, Mendoza se retiró y fundó la agrupación Nuevo Perú, de corte progresista-izquierdista jerárquico.
Graffiiti en contra de la minería en Abancay. Fuente: Wikimedia Commons.
La derecha en desacuerdo y la pandemia
En los últimos años, los escándalos de corrupción se multiplicaron. Primero vino el caso Lavajato, trama de corrupción destapada en Brasil, asociado a la empresa de construcción Odebrecht, y que en el Perú involucró a partidos políticos. Luego vendrían casos como “Los cuellos blancos del puerto”, el “Club de la construcción”, la interoceánica, el aeropuerto de Chinchero y un largo etcétera donde expresidentes, empresarios, funcionarios de alto rango están implicados.
Después de todo, el Perú tiene el récord de ser el único país del mundo con cinco presidentes sucesivos sentenciados por corrupción; el expresidente Alan García se suicidó en abril de 2019 cuando su arresto era inminente. Según Transparencia Internacional, Perú es uno de los países de América Latina donde la percepción de la corrupción es más alta.
La pandemia deja millones de personas desempleadas, sin acceso a los bonos, pueblos indígenas abandonados a su suerte, la sanidad en estado catastrófico (nuevo récord: primer país del mundo en muertos por habitante), la prensa denunció estafas y favoritismos a nivel gubernamental, los estudiantes y escolares en provincia no pudieron retornar a clase faltos de conexiones internet; miles de violaciones, desapariciones y feminicidios fueron denunciados, miles de niñas se convirtieron en madres. La mujer fue víctima otra vez de la doble opresión. No había luz a la salida del túnel, del largo túnel.
Y llegó el maestro
En 2008 se fundó Perú Libre, a iniciativa del que después fuera dos veces gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien fue perseguido y denunciado por corrupción por la fiscalía, lo que lo inhabilitó de ejercer cargos públicos. Su partido acogió al maestro Pedro Castillo, dirigente muy reconocido de las luchas magisteriales del año 2017, como su candidato en las elecciones de 2021.
Durante la campaña presidencial, Castillo cayó en muchos vacíos y contradicciones, tal vez por la cada vez más acentuada distancia que desea interponer entre él y Cerrón a nivel programático. Finalmente se rodeó de asesores provenientes de Nuevo Perú, que le asegura su apoyo. En él se reconoció el llamado “Perú profundo”: los campesinos, los olvidados, los indígenas subyugados, las poblaciones empobrecidas de la ciudad de Lima. Aunque las organizaciones indígenas amazónicas tuvieron que hacerle ver que ellas también existían.
Pero, al igual que Nuevo Perú y las demás agrupaciones de izquierda del país, Castillo sigue promoviendo el extractivismo, con un modelo de redistribución de los beneficios económicos, según su lema “No más pobres en un país rico.” En su campaña electoral el tema de la nacionalización de la minería fue central, aunque después de las elecciones se dejó de lado este discurso para calmar a los mercados. No se habla de ecología ni de defensa de los territorios y las poblaciones afectadas por el extractivismo. Incluso, Castillo ha tachado a los defensores ambientales de “fundamentalistas”.
A lo sumo promueve una “minería limpia”, respetuosa de los estándares internacionales, así como lo hizo el expresidente Humala, sin que se diga qué son esos estándares internacionales y sin que nadie sepa bien lo que significa una “minería limpia”. Su vocero económico considera que un proyecto minero no debe ir cuando hay “demasiada” contaminación y oposición manifiesta. Pero, ¿Qué es poca o demasiada contaminación? ¿Plomo en la sangre? ¿O se refiere a la extensión de tierras contaminadas?
Qué nos espera
Estamos ante el umbral de un posible cambio. ¿Será el gobierno de Castillo un gobierno similar al de Correa o Morales, que refuerce un capitalismo extractivo con redistribución de rentas, con el apoyo de sectores de las clases populares, y pretenda retirar poder a los movimientos del ecologismo popular? Partimos con desventaja, porque no tenemos una organización nacional ecologista que pueda responder al unísono, sino una serie de organizaciones sociales diversas y dispersas geográficamente. ¿O sabrá su gobierno escuchar a los movimientos sociales que han votado por él, cuando estos le reclamen por los estragos en la salud y medioambiente, por el acaparamiento de sus tierras, por los proyectos extractivos?
Es evidente e indiscutible que Castillo representa el fin necesario de la era fujimorista, sinónimo de violencia, corrupción, narcotráfico, racismo. Pero, ¿qué tan fuerte y unido podrá ser su gobierno en un sistema parlamentario liberal que tiene todas las armas para dimitirlo, con una mayoría en el congreso de corte fujimorista? Castillo deberá apoyarse en las masas que lo eligieron, en todas, en alianzas, en ese pueblo subyugado en busca de reconocimiento; e integrar la defensa del medioambiente, si quiere perdurar.
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Raquel Neyra es investigadora y activista peruana. Es docente del Doctorado de Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Universidad Agraria La Molina, Lima, Perú, asesora de instituciones civiles de Cajamarca en defensa ambiental, y miembro del grupo de trabajo “Ecologías Políticas desde el Sur/Abya Yala” de CLACSO. Es autora del libro Conflictos socioambientales en el Perú. Volencia y extractivismo (Editorial Abya Yala), y varios artículos y capítulos de libros sobre el tema de la justicia ambiental.
Imágen de portada: Movilización en Lima durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Junio de 2021. Source: Wikimedia Commons.
