por Cristián Frêne*
La crisis hídrica ha puesto nuevamente en el debate los problemas de acceso, propiedad, calidad y disponibilidad de agua en Chile. El sistema privatizado de aguas en Chile junto a la economía enfocada a la exportación, hacen crisis ante momentos de escasez en todo el territorio chileno. Algunos colectivos luchan porque se formulen mecanismos equitativos de acceso y uso, que respondan a las necesidades de las comunidades humanas y de los ecosistemas de los que dependemos, priorizando la soberanía alimentaria y el desarrollo local por sobre los intereses privados con fines exportadores.
Chile es un país que basa su economía en la exportación de materias primas, cuyos procesos son altamente demandantes de agua dulce. El modelo chileno de gestión de las aguas, establecido durante la dictadura de Pinochet, separa el dominio de la tierra y el agua y se basa en la propiedad privada de ésta. El modelo de privatización de aguas en Chile es único en el mundo, ya que establece la entrega del agua en su fuente a un ente privado, de manera perpetua y gratuita, por la vía de derechos de aprovechamiento de agua, que en la práctica son derechos de propiedad amparados constitucionalmente. En ese contexto legal, la gran empresa privada en los sectores agrícola, forestal, piscícola, hidroeléctrica y minero tiene concentrados los derechos de aprovechamiento de agua en un 95%, lucrando con sus exportaciones pero despojando de agua a los habitantes locales.
Esta situación ha generado una serie de conflictos socio-ecológicos, donde el agua es el elemento unificador de las demandas sociales. Los conflictos por el agua en Chile se repiten y aumentan en todo el país, dando cuenta de un problema sistémico, que cruza lo político, social, cultural, ecológico y económico. Incluso, ante la abundancia de agua en el sur, algunos genios del lucro han decidido emprender un proyecto, financiado por la estatal Corporación de Fomento de Chile, para cargar barcos con agua de glaciares y exportarla a otra parte del planeta, bajo la absurda premisa que de otra forma el agua se “perdería en el mar”.
Mapa de conflictos por el agua en Chile. Elaborado por iniciativa Agua que has de Beber. Disponible en: http://www.aguaquehasdebeber.cl.
De acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de Obras Públicas a fines de 2014, actualmente en Chile hay más de 400 mil personas que no tienen acceso al agua para cubrir sus necesidades básicas de higiene, alimentación y consumo. La mayoría de ellas habitan entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos y son abastecidas de agua por camiones aljibe financiados por el Estado. Sin embargo, la calidad y cantidad de esta agua dista mucho de cumplir con los parámetros establecidos internacionalmente, ya que la mayoría de las personas que recibe agua en camiones municipales obtiene una cuota de 7 a 12 litros de agua por persona al día, que no puede ser considerada como agua potable debido a las condiciones de traslado y almacenamiento.
Las propuestas
El primer paso político para reconocer la importancia estratégica del agua es establecer en la Constitución que las aguas son bienes nacionales de uso público, garantizando que el bien común esté por sobre la propiedad privada.
Se requiere un Código de Aguas que integre funciones sociales, ambientales y productivas del agua, pero considerando una priorización de usos. El Estado debería resguardar, para cada cuenca hidrográfica, un caudal mínimo que permita asegurar el consumo humano y la soberanía alimentaria de los habitantes locales, así como un caudal ecológico para el buen funcionamiento de los ecosistemas; esta fracción del caudal, al menos un 30%, no puede estar sujeta a los criterios del mercado. Una vez satisfechas estas funciones prioritarias, podría ser atendida la función productiva. El consumo de agua para satisfacer las necesidades básicas del ser humano (consumo, higiene y alimentos) alcanza aproximadamente el 10% del total de agua disponible en una cuenca, mientras diversos estudios en el área de la ecología argumentan que un ecosistema requiere al menos de un 20% del agua total para poder mantener sus funciones.
El bienestar humano depende del buen funcionamiento de los ecosistemas, por lo tanto se debe desarrollar una gestión territorial para sustentar la vida humana en el ecosistema. Lo primero es entender que el uso de la tierra produce repercusiones en la calidad y disponibilidad de agua en pequeñas cuencas. Entonces en la escala local es fundamental cambiar la lógica individualista actual y las formas de ejercer el poder, promoviendo espacios de encuentro transversales donde los múltiples actores dialoguen para construir una visión de territorio y una planificación/ordenamiento territorial con participación vinculante. Luego, se debe enfrentar los conflictos entre usos, priorizando la solución de aquellos más relevantes para los habitantes locales, a través de un proceso de planificación participativa para la buena gestión del agua.
Este marco conceptual se ha puesto en práctica en algunos sectores de Chile, como en el norte, donde el Consejo Regional Campesino de Coquimbo ha generado una propuesta concreta, que terminó en un plan de desarrollo rural que fue presentado ante las autoridades regionales y actualmente se encuentran en un proceso de negociación con los organismos del Estado. También en el sur se ha iniciado un proceso de reflexión-acción, donde los habitantes de la ciudad de Ancud se agruparon en un Cabildo por el Agua, que realiza un proceso activo de información a la comunidad local y un emplazamiento directo a las autoridades de Gobierno para que realicen acciones que permitan a todos los habitantes tener un acceso equitativo al agua.
Entonces, un objetivo fundamental de estas iniciativas es establecer nuevas relaciones entre los sujetos interesados en el bienestar, donde los habitantes locales y el Estado son actores clave. Requiere además ejercer la soberanía territorial para establecer una relación equilibrada con los ecosistemas de los cuales se obtienes bienes de consumo, para no sobrepasar su capacidad de carga. En consecuencia, el principal desafío de la gestión local del agua es integrar las iniciativas de la comunidad local con mejores prácticas de manejo en el territorio. La única forma de detener la degradación de los ecosistemas es cambiar nuestra forma de utilizarlos.
Finalmente, en un país centralista como Chile, es imprescindible acceder a las autoridades que definen las políticas públicas de carácter nacional, para entregarles propuestas acordes con las distintas realidades territoriales de nuestro país. Por esto se requiere una intensa actividad política, para formar redes sociales y acceder a las autoridades locales, con el fin de generar incidencia real en los tomadores de decisión del territorio. Para esto, la iniciativa Agua que has de Beber, como otros movimientos ciudadanos activos ahora en Chile, ha elaborado una campaña comunicacional que intenta emplazar al poder central a cambiar la lógica actual, con el fin de modificar la Constitución de la República y leyes afines para asegurar el acceso equitativo de todos al agua. Esta campaña, que se encuentre en el sitio web, fue lanzada el día mundial del agua y espera convocar a diferentes actores de la sociedad chilena con el fin de articular iniciativas y generar un frente común que aborde estos conflictos proponiendo soluciones de fondo.
*Cristián Frêne, Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Magíster en Recursos Hídricos de la Universidad Austral de Chile y Doctor (c) en Ecología de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente director Iniciativa Agua que has de Beber (www.aguaquehasdebeber.cl)
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